LAS AUTORIDADES COMUNALES DE LOS 48
CANTONES DE TOTONICAPÁN A LACOMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL, MANIFIESTAN:
Que desde el día 11 Septiembre del
año 2011 se perfilaba que el sistema democrático de este país en el cual el
poder radica en el “Pueblo”, fuera socavado por grupos de interés; concretándose
el 6 de noviembre del año 2011, donde ha iniciado un proceso de democracia
militar como una figura nueva dentro del lenguaje político, que se caracteriza
principalmente por el uso de la fuerza bruta y represiva para atender las demandas
sociales. Durante el proceso electoral era evidente que la Mano Dura iba a ser
aplicada para favorecer al capital transnacional, especialmente para favorecer
las minas a cielo abierto, la explotación del petróleo que nos conducen a la
muerte de la Madre Naturaleza y hacia nuestra propia extinción humana; se hace
evidente que la moral no le permite al señor Presidente de la República de
Guatemala General Otto Pérez Molina, “de
alguna manera” seguir aplicando las formas de represión del pasado
reciente y las disfraza por medio de la expulsión y el despojo de los pueblos
indígenas de los territorios de los cuales son propietarios históricos para
entregarlos con el apoyo de las fuerzas armadas -especialmente el Ejército- a
empresas transnacionales. Ayer fueron los soldados al mando de Pedro de
Alvarado, hoy son los soldados del Ejército al servicio de los capitales
nacionales e internacionales. La voracidad por el oro no cesa. Queremos
recordarle al Pueblo de Guatemala que en el planteamiento de gobierno ofrecido
en la campaña de Otto Pérez Molina, en ningún momento apareció el reconocimiento
a la diversidad cultural y el desarrollo concertado con todos los sectores del
país y nunca aparecieron los pueblos indígenas como sujetos de derecho dentro
de su propuesta. Lo cual se materializa en este momento al perseguir
criminalmente a las autoridades indígenas, a quienes ni por asomo entiende. Con
esos antecedentes, en tan solo 15 meses de gobierno es asombroso como el poder militar
a secuestrado nuevamente al Estado de Guatemala debilitando y desacreditando al
poder civil y a las fuerzas sociales del país criminalizando el movimiento
social, a los pueblos indígenas y sus autoridades legítimas, privilegiando los
derechos empresariales ante los derechos sociales y los derechos colectivos de
los pueblos indígenas y pobres. Esta política represiva y de continuidad
genocida pone en evidencia con la represión en contra de la población de San
Juan Sacatepéquez, en donde inicia la reinstalación de destacamentos militares,
el mal recordado respaldo a la Hidroeléctrica Santa Cruz en el que fue
asesinado el hermano Andrés Miguel Francisco en Santa Cruz Barillas, después de
eso los deleznables acontecimientos de San José del Golfo, lo ocurrido en La
Puya, la masacre del 4 de octubre en Alaska, el secuestro y asesinato del
hermano Exaltación Gómez Ucelo miembro del Parlamento Xinka, el sorprendente
cumplimiento de órdenes de captura en contra de Rubén Herrera, el secuestro y
posterior asesinato -por no llamarla ejecución extrajudicial- de
Daniel Pedro Mateo, hermano maya Q’anjobal, la provocación a la violencia para
el pueblo de San Rafael Las Flores y Santa María Xalapan autorizando licencias
de explotación minera en estos territorios, a pesar de la oposición expresa y
manifiesta de dichos pueblos; la poca calidad ética del Señor Presidente de la República
al señalar que en el caso de Totonicapán los elementos del Ejército no portaban
armas y que posteriormente anunció que estos mismos temiendo por su vida dispararon
armas de guerra en contra de población civil, argumentos que se repiten en el
caso de San Rafael Las Flores, donde ahora indica que la seguridad de la mina
disparó balas de goma en contra de la población civil, hechos que demuestran
incapacidad y mentiras.
No nos sorprende que el mapa de
conflictividad del gobierno coincida con los territorios indígenas en donde se
encuentra la mayor concentración de la riqueza natural del país, tampoco
sorprende que coincida con el mapa de la pobreza y de los lugares en donde el genocidio
practicado durante el conflicto armado no concluyó y que sea precisamente en
estos lugares en donde para poner en práctica la política de mano dura
pretendan instalar destacamentos militares y establecer estados de sitio como
lo hacen ahora en Santa Rosa y Jalapa y se señale de criminales - terroristas a
la dirigencia social e indígena, retornando a los hallazgos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico en donde se establece la utilización del sistema
jurídico para reprimir y acallar a la población. Ante esta situación EXIGIMOS:
Que la capacidad del Presidente de
la República se ponga al servicio del pueblo de Guatemala y no solamente al
servicio de quienes puedan hacerle favores, petición que hacemos en el mismo
sentido a todas y todos los funcionarios del gobierno para evitar declaraciones
absurdas, les pedimos que pongan todo su esfuerzo en la construcción de una
sociedad incluyente.
Pedimos al Ministerio Público que
como garante de la persecución penal oficial, no se preste al juego de la
criminalización de quienes ejercen su derecho a la manifestación y defensa de
los derechos individuales y colectivos.
A la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala -CICIG- solicitamos cumplir con su mandato
establecido entre el Gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para
contribuir en la investigación de la existencia del crimen organizado y fuerzas
de seguridad paralelas y que no se combatan a través de estados de sitio.
Al Organismo Judicial exigimos que
cumpla con su papel de imparcialidad, ser el catalizador del respeto a los
derechos humanos y de fortalecer el estado constitucional de derecho para el pueblo
de Guatemala.
Al Organismo Legislativo le exigimos
analizar el Acuerdo Gubernativo 6-2013 para no legalizar la injusticia, la
represión, la re-militarización y la condena a la pobreza de nuestro país, así
mismo le exigimos no ratificar el Estado de Sitio decretado en Consejo de Ministros.
Al sector privado le decimos que el
desarrollo del país debe incluir a todos los sectores de la población, pues los
bienes naturales y materiales fueron hechos y destinados para todas y todos y
no para unos cuantos.
A las instituciones religiosas les
exigimos que en estos momentos de dolor para el pueblo de Guatemala, cumplan
con el mandato cristiano de estar al lado del pueblo y denunciar las
injusticias y atropellos que estamos viviendo.
A la Universidad de San Carlos y
demás universidades del país, les pedimos acompañar al pueblo y cumplir con su
papel de hablar con la verdad para la construcción de una sociedad justa.
A los medios de comunicación les
pedimos ser objetivos, imparciales y no incitar a la confrontación si no por el
contrario contribuir en el fortalecimiento de la democracia.
Al sistema de Naciones Unidas y sus
organismos especializados, específicamente al Consejo de Derechos Humanos
presentamos nuestra denuncia formal y publica, para que en el cumplimiento de su
mandato constitucional verifiquen de manera urgente en nuestro país, el
cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Proclamación
de Teherán, los pactos internacionales de derechos individuales, derechos
económicos, sociales y culturales, sus protocolos facultativos y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.
Pedimos al Sistema de Naciones Unidas
el nombramiento de un Relator para Estados de Sitio.
Al Sistema Interamericano y específicamente
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitamos de manera urgente
la adopción de medidas cautelares para que este ejercicio abusivo del poder del
Estado de Guatemala, se subordine no solamente a nuestro derecho interno si no también
a los compromisos contraídos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
A la Organización Internacional del Trabajo -OIT-
solicitamos su inmediata intervención a fin de que el Gobierno del Estado de Guatemala,
ajuste sus prácticas administrativas, a las normas del Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Al pueblo de Guatemala le pedimos
que ejerza su derecho a la resistencia civil, exigiéndole no caer en la trampa
de la reacción violenta que el gobierno está utilizando para justificar la
remilitarización del país.
SIGUIENDO EL EJEMPLO DE NUESTROS
ABUELOS Y ABUELAS, LUCHAREMOS POR LA VIDA HASTA VENCER A LAS FUERZAS DE XIB’ALB’A.
Iximulew, 2 de mayo de 2013.
TOTONICAPÁN "Uchuq'ab' Tinimit
Chwimeq'ena' aré' ri K'axk'ol"
El poder del pueblo de Totonicapán
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